En
la Buenos
Aires Metropolitana (BAM), a partir del ultimo
tercio del siglo XX, se está produciendo una de las peores situaciones
socioterritoriales de su historia: 1) una mayor
polarización en términos sociales (si bien en la última década
crece el sistema productivo, no ha mejorado en igual medida en
términos de distribución) y 2) una oferta
de bienes y servicios urbanos fuertemente segmentada. Esto
ha generado que a partir de la caída del modelo sustitutivo de
exportaciones, a fines de los ´60, vienen creciendo ostensiblemente
los niveles de la desigualdad en la ciudad de Buenos Aires, cabecera
metropolitana (Abba, A. P., Furlong, L., Laborda, M. y Susini,
S., 2011).
Un
rasgo visible de esta tendencia es que la población viviendo en
villas y asentamientos precarios ha pasado del 1,2 al 5,7 % entre
1960 y el 2010, con la única alteración de la trayectoria marcada
por la erradicación forzada de las villas durante la dictadura
militar entre 1976 y 1983, que las expulsó al suburbio. Mientras
la población de la ciudad permanece casi constante en el período,
la población viviendo en condiciones extremas de precariedad habitacional
se multiplica casi por 5 (en realidad la proporción es mayor,
ya que los datos oficiales provistos por la DGEyC del GCBA basados en cifras
del IVC padecen de un importante subregistro, de acuerdo a datos
de la Defensoría del
Pueblo y ONG del sector).

El
soporte biofísico de la ciudad metropolitana es incapaz de resolver
una demanda de suelo urbano accesible económica y físicamente
que resuelva la ecuación de movilidad de los trabajadores urbanos
que se incorporan al mercado laboral. En el período precedente
de metropolización, que tan bien explicara Horacio Torres, las
“políticas urbanas implícitas” (transporte
público subsidiado, crédito hipotecario accesible, autoconstrucción,
etc.) acompañaron el proceso de crecimiento poblacional emergente
con la expansión y densificación combinada del área urbanizada,
El
sistema de transporte ferrocarril–colectivo, de carácter público,
habilitaba la expansión del suelo urbano para asentamientos populares
en la primera y segunda corona de partidos que rodean la ciudad
de Buenos Aires. Eso produjo una
fenomenal expansión del suburbio, que permitió acceder a la vivienda
y facilitó el ascenso social a miles de familias provenientes
del interior del país y de países limítrofes en busca de oportunidades
laborales.
En
la situación actual, si bien algunos rasgos son semejantes, la
matriz metropolitana impresa en los ´90 sigue reproduciendo la
desigualdad urbana basada en el incentivo al transporte automotor
individual, privilegiando la inversión en autopistas, productos
residenciales de alto target con el formato de urbanizaciones
cerradas y nuevas centralidades semipúblicas y selectivas que
compiten y empobrecen la oferta en los centros tradicionales de
acceso universal a cielo abierto.
En
ese modelo, sin oferta de suelo para la residencia popular y sin créditos accesibles
para los sectores bajos y medios, emerge un creciente segmento
de excluidos del mercado habitacional, que se manifestó fuertemente
en los últimos períodos analizados. Siendo el más visible el de
los grupos más precarizados, que son además explotados por un
submercado de oferta de alquiler en los propios asentamientos
precarios y buscan alternativas más dignas que no los obliguen
a perder sus oportunidades laborales y el acceso a los servicios
(Kelly Olmos, 2010).
Desde
este abordaje del problema, se hace necesario torcer la desigual matriz
urbana vigente (que no deja de encontrar nuevas variantes
para reproducirse) para acompañar este proceso de mejoramiento
de la actividad económica. Se requieren, además de las iniciativas
de tipo normativo, actuaciones en el soporte territorial ampliando la oferta pública
de movilidad, las redes de infraestructura de saneamiento y energía
y los equipamientos de bienes y servicios colectivos, recuperando
y expandiendo la red de centros tradicionales que estructuraron
el suburbio que creció durante la primera mitad del siglo XX.
La
cuestión habitacional es un tema metropolitano
En
la post-toma
del Indoamericano y la secuela de tomas en el resto
de la Buenos Aires Metropolitana, se
confirmó la necesidad de un abordaje interjurisdiccional del problema
(Abba, A. P., 2011). No se trata únicamente de construir viviendas
sociales, aunque el rol asumido por el gobierno nacional en la
materia constituye un signo muy positivo: es
necesario enfocar la cuestión como crisis habitacional y urbana.
En
este sentido, en el período analizado se produjo un aporte importante
en la ampliación del reconocimiento del derecho a la vivienda
y al derecho a la ciudad por la presentación por parte de la Provincia de Buenos Aires
del proyecto
de Ley de Promoción del Hábitat Popular. El proyecto,
que modifica algunas disposiciones del Decreto-Ley 8912, propone
los resortes jurídicos e instrumentales básicos para un desarrollo
urbano que contemple los parámetros que generen una oferta adecuada de suelo, servicios y viviendas para los amplios sectores
carecientes de la provincia (168H, 7-03-11).
El
proyecto es una muestra elocuente de la necesidad de cambiar la
matriz urbana todavía prevaleciente para crear suelo apto para
vivienda social, vinculando los extremos del mercado inmobiliario:
los espacios de la nueva periferia acomodada y el deficitario
territorio suburbano. A esto deben agregarse políticas
de estado para la movilidad pública y para las redes de distribución
de bienes y servicios públicos, hoy extremadamente degradadas
e insuficientes.
Otro
hecho positivo en el período fue que “la mesa que integran autoridades porteñas y
nacionales, legisladores y vecinos, que trabaja por un plan de
urbanización de la villa de Retiro podría tener su dictamen a
fines de marzo” (Noticias Urbanas, 15-02-11), según lo expresado
por la presidenta de la Comisión de Vivienda
de la Legislatura,
Rocío Sánchez Andía. Pero contradictoriamente, la policía de La Matanza desalojó violentamente
a unos 100 jóvenes que con sus familias habían ocupado terrenos
frente al barrio Nicole (“ni colectivo ni colegio”) y el Gobierno
de la Ciudad calificaba de un “disparate”
urbanizar la villa Rodrigo Bueno, que está en Costanera Sur (Página
12, 25-03-11).
Residuos
sólidos urbanos
En
materia de RSU, el clima electoral ha postergado el debate a fondo
sobre las propuestas de reingeniería del CEAMSE y siguen su curso
las iniciativas para incorporar el reciclado desarrollando nuevas
tecnologías, por fuera de este organismo interjurisdiccional.
Pareciera necesario que este debate se incorpore
a la discusión política que se dará desde aquí hasta octubre
de corriente año, como otros temas prioritarios que forman parte
de la Agenda Metropolitana.
El
Gobierno porteño presentó durante el mes de febrero un nuevo sistema
de higiene que empezó por cubrir el cien por ciento de Liniers
y Mataderos con contenedores de residuos. Si bien los vecinos
dicen que notan el cambio, no se acompañó con
campañas de concientización. “Sin
embargo, al mismo tiempo la organización ambientalista Greenpeace
alertó que, para cumplir con la
Ley
1854
de Basura Cero
y reducir la cantidad de basura que se envía a los rellenos, se
debe implementar un sistema de contenedores diferenciados para
basura y residuos reciclables” (Clarín, 10-02-11).
Dicha
organización plantea que se ha duplicado la cantidad de basura
enviada al Conurbano por la Ciudad, no cumpliendo con la Ley de Basura Cero (Ley 1.854)
y si bien el reciclado se incluye en la discusión de la nueva
licitación, no queda clara su implementación. “Lorena
Pujó, coordinadora de la campaña Basura Cero, de Greenpeace, denunció
que los incrementos interanuales de la basura
enterrada desde que asumió la administración de Mauricio Macri
son los más altos de los últimos 10 años”
(Miradas al Sur, 13-02-11).
La
metrópolis judicializada
Que
la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) haya
decidido hacer un cuestionario detallado sobre el estado del cumplimiento
del plan de saneamiento de la Cuenca Matanza
Riachuelo (CMR), después de una primera Audiencia que alcanzó
niveles muy genéricos, y haya realizado también una inspección
al lugar por tierra y por aire, constituye un hecho sin precedentes
en el espacio institucional metropolitano. Es
consecuente con la postura de abordaje interjurisdiccional que
la CSJN
dispuso para la tutela de un bien público en riesgo que pone
en peligro la salud de los habitantes de la cuenca.
En
el mes de enero se realizo en Villa Fiorito un desalojo ordenado
por el juez federal de Quilmes, Luís Armella, quien tiene a su
cargo la ejecución de la sentencia de la Corte sobre la Cuenca. El operativo se hizo en forma
pacífica y desde la intendencia de Lomas de Zamora se aseguró
que a las familias se les darán viviendas sociales. “El
de los asentamientos ilegales es uno de los temas más complicados
de la problemática del Riachuelo” (Clarín, 11-01-11), porque
es necesaria la resolución de los problemas sociales que surgen
de garantizar el derecho a un ambiente sano para las poblaciones
ribereñas cuya salud está en riesgo.
Este
paso al frente del poder judicial no avasalla a ninguno de los
otros poderes de gobierno de la nación, en tanto constituye una respuesta a la gravedad de
una situación que ya lleva 200 años de existencia. Se trata
de que los responsables de los ejecutivos en los niveles nacional,
provincial y municipal asuman las responsabilidades que les competen
y trabajen en forma coordinada y en base a un plan conjunto para
la CMR
en la solución de los problemas.
Antenas
comos falsos tanques de agua
Una
cuestión que sigue sin asumirse como problemática territorial
metropolitana es la localización de antenas de telefonía celular
en partidos del conurbano sur de la Buenos Aires Metropolitana.
Los Vecinos Autoconvocados en los distintos barrios afectados
vienen reclamando “por los
posibles daños a la salud que pueden generar las radiaciones electromagnéticas
de las antenas” (Info Región, 2011).
La
modalidad de las empresas es la instalación clandestina de antenas camufladas
como tanques de agua, como aconteció en el caso comentado
en la localidad de Cláypole, “según
denunciaron, esta es la quinta que se instala en las mismas condiciones.
Desde el foro hídrico también elevaron el reclamo a las autoridades
municipales y desde allí, según informaron, intimaron a la empresa
porque no tenía habilitación para instalarla”
(Info Región, 2011).
En
Quilmes, donde existe normativa al respecto, los integrantes de
la agrupación Vecinos Autoconvocados de Don Bosco lograron que
el titular del Juzgado Federal de Quilmes, Luís Armella, ordenara
el traslado de la antena de telefonía celular emplazada en Don
Bosco. “Fue una muy larga y ardua gestión, dijo un
referente de los vecinos, para que el juez emplazara a la empresa
Movistar y a la Municipalidad de Quilmes
a relocalizar la antena” (Perspectiva Sur, 2011).
Transporte
Algunas
novedades positivas, como la licitación de un tramo de 40 km.
de la estratégica Ruta 6 (InfoBAN, 6-01-11) o el logro por parte
de la Ciudad de un préstamo de China por 1.400 millones de dólares
para la construcción de línea G del subte (La Nación, 21-03-11),
contrastan con otras negativas como el atraso en la construcción
de cocheras subterráneas por parte del Gobierno de la Ciudad (Clarín, 5-02-11) o la suspensión casi definitiva
dictada por el Juez Armella al Tramo IV de la Autopista Presidente
Perón que atraviesa el Parque Pereyra Iraola (Clarín, 12-02-11).
Pero
las noticias más demostrativas del estado de las cosas en esta
materia lo dieron: 1) el choque entre las estaciones de San Miguel
y José C. Paz de dos formaciones ferroviarias (una gestionada
por la Provincia y otra por la Nación) que provocó
4 muertos y más de 70 heridos y, pasando por alto la discusión
suscitada sobre las culpabilidades, muestra la falta
de coordinación interjurisdiccional en el sector (Tiempo Argentino,
17-02-11), y 2) la pelea entre Nación y Ciudad por la responsabilidad
de las demoras en la terminación de una extensión de la Autopista
Illia que, según voceros locales, beneficiará
a unos 60.000 usuarios por día, que se ahorrarán 20 minutos en
promedio de viaje (La Nación, 27-01-11).
El
sistema de movilidad metropolitano es uno de los componentes más
importantes que limita, como se comentó, el crecimiento de la
oferta de tierra apta para el hábitat popular, por la modalidad
de uso intensivo del automotor privado que ha prevalecido en las
últimas décadas. “El Estado
gasta más de $ 11 mil millones –lo que representa $ 2.200 por
pasajero– para subsidiar a las empresas que brindan un pésimo
sistema de transporte público;
Buenos Aires está saturada de autos, pero las otras opciones deben
enfrentar la falta de seguridad, de limpieza y de puntualidad”
(Perfil, 25-03-11).
Conclusiones
La
Agenda Metropolitana está disponible para que los candidatos con
referencia territorial en la Buenos Aires
Metropolitana hagan sus propuestas sobre
estos problemas, que no quedan circunscriptos ni a la Provincia
ni a la Ciudad y tampoco tienen un
ámbito específico en la Nación. La
problemática habitacional y urbana, la recolección y tratamiento
de los residuos sólidos urbanos, el saneamiento de cuencas, el
transporte y las antenas de telefonía celular (por citar los más
destacados en el trimestre analizado) dan para un amplio debate
político.
Fue
auspicioso que en el marco de la presentación del libro "La
Gran Buenos Aires - Rompecabezas metropolitano",
de la Fundación Metropolitana,
el CIPPEC y la Fundación Konrad
Adenauer (un trabajo que apunta a consolidar la idea de integración
entre el Gran Buenos Aires y la Ciudad), se diera la oportunidad
de un debate entre dos referentes políticos del oficialismo y
el PRO. Aunque ninguno consiguió, todavía, el aval de su partido
para ser candidato, Horacio Rodríguez Larreta, del PRO, y Daniel
Filmus, del kirchnerismo, intercambiaron posturas sobre políticas
para el área metropolitana casi como si estuvieran compitiendo
(Perfil, 10-03-11).
El
Jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad señaló los casos de
"CEAMSE" y "ACUMAR", en donde ya existe un
trabajo mancomunado que arroja resultados evidentes. Tras esto,
comentó los tres problemas que consideró clave: seguridad, transporte
y coordinación del sistema de salud. El precandidato del Frente
para la Victoria
expresó como idea central al crecimiento demográfico del primer,
segundo y tercer cordón a diferencia de la población estable de
la Ciudad que disminuyó en 200
mil habitantes desde 1960 hasta la actualidad (Perfil, 10-03-11).
El
debate recién comienza y resulta necesario sostenerlo y profundizarlo.
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Argentino, (2011), “Tragedia ferroviaria en San Miguel: cuatro
muertos y más de 70 heridos”, Diario Tiempo Argentino, 17-02-11.
Anexo
Ver
cuadros de eventos de incidencia metropolitana >
Enero
2011
Febrero
2011
Marzo
2011