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> CIHaM / FADU / UBA

 

 

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Agosto 2015
Por Artemio Pedro Abba


¿Cuánto queda de la ACUMAR? / Cuando el riesgo Riachuelo-Matanzas persiste

La sensación, después de 7 años de funcionamiento de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), es que luego de un período en el que parecía que finalmente se estaba avanzando firmemente en revertir uno de los más graves desastres ambientales vernáculos, los logros alcanzados comenzaron a escurrirse como arena de las manos. La Defensoría del Pueblo de la Nación “dejó al rey desnudo” cuando habló del amesetamiento del noble organismo, paradigma de institucionalidad metropolitana, que creara la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), y esto obliga a hacer un breve repaso de la cuestión.

 

Las sucesivas mutaciones del mapa de la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR) la llevaron de zona residencial próspera y consolidada de la Buenos Aires Metropolitana (BAM) a principios de Siglo XX, con barrios que aún hoy lucen la calidad urbana de entonces (Barracas, Banfield, Témperley, Lomas de Zamora, Agrogué, etc.) a una de las áreas más degradas de la actual metrópolis. Ya en 1801 se registraban 30 saladeros en las márgenes del Riachuelo (Telam, 2015) poblándose de frigoríficos y curtiembres en la etapa agroexportadora, continuando con una fuerte diversificación y crecimiento de la actividad manufacturera en la etapa sustitutiva de importaciones y su posterior decadencia desde los ‘70 (cuando la actividad industrial migra al corredor Norte) mostrándose actualmente el área como un relicto de fábricas abandonadas o refugio anómico de actividades productivas altamente contaminantes (Polo Petroquímico Dock Sud y las curtiembres de ACUBA).

Actualmente constituye uno de los sectores más degradado de la BAM exhibiendo en el mismo centro de la gran ciudad los patrones socioterritoriales características de la periferia de la segunda tercera corona del conurbano. El curso hídrico pasó de ser “lugar central” a “patio de fondo” metropolitano alcanzando, en sus dos márgenes, niveles muy altos de la denominada “centralidad negativa” (Barberis, W, 2008) atractora de actividades irregulares sin acogida en la ciudad legal (Hardoy, J. E.; Satterthwaite, D. 1987), y germen de las “periferias internas urbanas” (Abba, A. P., 2009).

Se sucedieron múltiples promesas de remediación de esta grave “herida ambiental metropolitana” (explosiva mezcla de metales pesados, desagües cloacales y residuos de la actividad petrolera en el Dock) desde que “a instancias de Juan José Paso, el Primer Triunvirato” (1811-12) reclamara a los mataderos y saladeros que no volcaran sus desechos al río” (Telam, 2015) hasta la promesa incumplida de María Julia Alsogaray en el año 1993 de limpiar la CRM en mil días (Diario Hoy, 16-11-12). Y como parte de ese proceso se produce la ocupación precaria del valle de inundación en ambas márgenes por parte de los que no tienen opción de residencia, sumando así a la penuria de la pobreza la “tragedia evitable”  de la enfermedad derivada de la contaminación del agua superficial y subterránea, del suelo y el aire.


Una judicialización transformadora

Un punto de inflexión se produce con la intervención en la cuestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), ante un reclamo presentado en 2004 por un grupo de vecinos, con los fallos de 2006 y 2008 en la que pasó a llamarse causa Mendoza (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo) por su innovadora respuesta al “bicentenario y acumulativo proceso de deterioro” de un ecosistema urbano (Abba, A. P., 2010). El tribunal superior de la Nación resolvió declararse competente en la causa, marcando un valioso precedente para otras asignaturas pendientes de la Agenda Metropolitana, motivado en la necesidad de tutelar un bien colectivo e interjurisdiccional en peligro.

La voluntad de la CSJN fue la dar una prioridad absoluta a la prevención del daño futuro, en segundo lugar persigue la recomposición de la polución ambiental ya causada y finalmente el resarcimiento de los daños irreversibles. Resuelve además requerir al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires y al Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA) que en el plazo de treinta días presenten un plan integrado superando las jurisdicciones territoriales de los distintos niveles de gobierno.

Al poco tiempo, el 1/11/2006, en respuesta a la sentencia de la CSJN sobre la causa “causa Mendoza” y al indudable deterioro ambiental de la cuenca, el Gobierno Nacional crea la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) mediante la Ley N° 26.168. Con posterioridad, el 8 de julio de 2008, la CSJN, visto el grave estado de situación planteado por los organismos responsables intimó a la ACUMAR a implementar un plan de saneamiento.

Pero en esta oportunidad la demanda no era solo una expresión de “buenos deseos”, daba instrucciones muy precisas para el cumplimiento en tiempo y forma mediante la formulación de un plan y de metas  con plazos rigurosos y un esquema de seguimiento técnico, ejecutivo y social muy preciso. Creó un Cuerpo Colegiado a los fines técnicos para lo cual designo a cinco instituciones acreditadas en el tema (Greenpeace, el CELS -Centro de Estudios Legales y Sociales-, la FARN -Fundación Ambiente y Recursos Naturales-, la AVLB -Asociación Vecinos de La Boca- y la Defensoría del Pueblo de la Nación); al Juez Federal de Quilmes Luis Armella a cargo de la ejecución de la sentencia, y finalmente definió un sistema de Audiencias públicas para la evaluación de los avances con participación de las organizaciones sociales involucradas.

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En ese marco institucional se avanzó consistentemente con la ejecución d3e la sentencia:  se formuló el Plan Integral de Saneamiento Ambiental  de la Cuenca Matanza Riachuelo (PISA) y se dio cumplimiento a buena parte de las metas con pleno funcionamiento de los mecanismos de control técnico, ejecutivo y social prefijado. El PISA, que debió ser  reformulado a partir de las críticas formuladas en Audiencia Pública y de una evaluación interdisciplinaria realizada por varias Facultades de la UBA, considera esquemáticamente los siguientes componentes: 1) La descontaminación del curso con los subcomponentes a) reconversión de industria contaminantes, b) obras de conducción de la contaminación cloacal y c) limpieza física del curso, 2) Relocalización de la población en riesgo, 3) Cobertura de agua y saneamiento de la población del área.

De amesetamiento en el riesgo

Pero la Defensoría del Pueblo de la Nación en una comunicación pública reciente afirma que en los últimos tiempos se observa un “amesetamiento del accionar de la ACUMAR, y de la necesidad de que la CSJN revea la cuestión y la reactive, haciendo un análisis del estado de situación. El secretario general a cargo de la Defensoría, Carlos Haquim, señaló que "se agotó una etapa y es necesario actualizar las herramientas utilizadas para mejorar la calidad de vida y reponer un ambiente sano" (La Verdadonline.com, 10-07-15).

Alfredo Alberti, de la Asociación Vecinos por La Boca (AVLB) manifiesta que: “se avanzó en las cuestiones de limpieza. Ya no hay basura en las márgenes, el espejo de agua está limpio y sacaron todos los barcos hundidos. Pero en las cuestiones de fondo, aquellas que son la identidad del problema del Riachuelo, está todo igual. La contaminación sigue” (Clarín, 8-07-15).

Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace, refiriéndose a la contaminación de la industria manifiesta que no se completaron o fueron insuficientes, porque se registran iguales niveles de cromo, arsénico, plomo y otros metales pesados que al comienzo del plan de reconversión. El agua sigue sin tener oxígeno suficiente para que haya vida y todos los plazos que dispuso la Corte Suprema están vencidos y “falta decisión política para poner en caja a la industria contaminante”.  

En relación a los desechos cloacales la empresa AySA manifestó que ya están en la etapa preliminar los emprendimientos claves: una planta de tratamiento en la zona de Dock Sud y otra planta depuradora en Aldo Bonzi y el gran colector en la margen izquierda del río, que permitirán que cesen los vuelcos al Riachuelo. El financiamiento principal proviene de un crédito del Banco Mundial por 840 millones de dólares, complementado con recursos del Estado nacional, y si bien están muy retrasadas, AySA asegura que en un plazo de entre dos y cinco años se irán inaugurando las distintas instalaciones.

Andrés Nápoli, de la FARN, afirmó que “es imperioso que se ponga en marcha el crédito del Banco Mundial y que se controle a las industrias, si bien reconoce que la tarea de limpieza superficial y de remoción de grandes objetos hundidos a avanzado significativamente, certifica que en materia de descontaminación de metales pesados y residuos cloacales la situación es muy similar a la de 2008. También puso el acento en que ACUMAR debe modificar los parámetros exigidos respecto de la calidad de agua, porque los actualmente vigentes son muy permisivos y no servirán para realmente recuperar el Riachuelo para que no dañe la salud de la población y pueda tener usos razonables por parte de los habitantes metropolitanos.

En lo referente a la recuperación del camino de sirga ocupado ilegalmente (por fábricas, asentamientos o basurales), se observa como positivo que se relocalizaron parte de los asentamientos vulnerables en la Ciudad (más de 400 familias que vivían en El Pueblito, Magaldi y Luján, más el 60% de la villa 26) y en Provincia hubo relocalizaciones en Lanús y otras localidades del GBA. Quedan aún sectores que presentan mayores dificultades a los efectos de su reubicación, como en el caso zonas de la villa 21-14, en la CABA, pero con alto grado de riesgo ambiental en su actual localización.

Por otra parte Leandro García Silva, jefe del área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo advierte que la CSJN dictaminó determinar la población vulnerable y  el Cuerpo Colegiado requirió insistentemente que se debía elaborar un mapa de riesgo de la cuenca. La propia Defensoría señala que no se ha difundido que la ACUMAR cuente con esta herramienta y tanto ABSA como AySA se manejan con sus propias metas en la provisión de agua y cloacas sin tener en cuenta la vulnerabilidad diferencial del hábitat de la cuenca (La Nación, 13-07-15).

¿Fin de ciclo?

Pareciera que se ha quebrado aquel esquema institucional que fue eficaz, participativo y de amplia exposición pública, que funcionó durante el período 2008-12, hasta que una denuncia puso en evidencia la existencia de una trama de manejos corruptos de las licitaciones de obras que implicaba al Juez, áreas administrativas de los organismos ejecutores y empresas fantasmas vinculadas al propio Juez Federal de Quilmes (Página 12, 26-08-12 y 2-09-12) . A partir de ese sorprendente hecho de corrupción en un proyecto de clara índole social se interrumpió el funcionamiento precedente, se debilitó la institucionalidad de ACUMAR y se resquebrajó el sistema de ejecución del PISA y los procedimientos de control social.

En el Informe de la FARN sobre las decisiones de la CSJN posteriores a recibir las denuncias se consigna que la Auditoría General de la Nación no solo verificaba las vinculaciones de las empresas con el Juez encargado de la ejecución del PISA por la CSJN, sino también ordenaba investigar a los procesos licitatorios a cargo de AySA, APSA y la CEAMSE (Nápoli, A., 2013). De la gravedad del caso opinaba el periodista Horacio Verbitsky que “la abrumadora cantidad de pruebas sobre la conducta del juez Armella reduce el margen de dudas a saber si sólo será separado de la megacausa del Riachuelo o también se promoverá su juicio político para apartarlo del tribunal que le permitió convertirse en el Virrey de Quilmes” (Pagina 12, 26-08-12).

Si bien esta investigación terminó con la separación del cargo del Juez Armella implicado seriamente por la denuncia así como los organismos encargados de realizar las licitaciones las consecuencias resultantes no fueron las esperadas (Ámbito.com, 6-11-12). Pasados ya más de 2 años de esos acontecimientos dramáticos para la Causa Mendoza aun se desconocen los resultados de la investigación penal sobre los implicados y por otra parte la prosecución de las obras y acciones que se desprenden del PISA a perdido las cualidades que se habían destacado en la primera etapa: ejecutividad y control técnico y social de cada acción emprendida.

La CSJN frente a la denuncia actuó rápidamente con la separación de la causa del Juez Armella y la denuncia al Consejo de la Magistratura y presentó ante la Cámara Federal porteña una denuncia de todos los sospechados en las presuntas irregularidades en las contrataciones (Ámbito, 6/11/12). Sin embargo a 8 meses de la denuncia, y ya nombrados los jueces reemplazantes, Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 de la Ciudad y el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, la ejecución del plan estaba detenida (BAE, 5/02/13).

Si bien la CSJN había transferido el personal y los antecedentes de la causa desde Quilmes a Morón, todo quedó como estaba por la negativa de los funcionarios judiciales involucrados a trasladarse. La consecuencia fue la permanencia  durante ese tiempo de todos los expedientes en el juzgado que aun hoy sigue estando a cargo del Juez Armella implicado centralmente en los hechos denunciados.

Posteriormente se retomaron las Audiencias Públicas semestrales lo que indicaría una “normalización” del funcionamiento del esquema de controles (ejecutivo, técnico y social) de la ACUMAR, sin embargo no se observó el ritmo de ejecución previo. El paso de una ejecución unificada a la actual dividida en dos juzgados, la alteración de la Ley de creación de la ACUMAR al reemplazar al Presidente del organismo tripartito por un titular que no es el Secretario de Medio Ambiente (Quiroga, P. J., 29/08/14) o el hecho de que esté acéfala la Defensoría del Pueblo de la Nación encargada de coordinar el Cuerpo Colegiado (que ejerce el control técnico) parecen conjugarse para la pérdida de presencia e institucionalidad de la ACUNAR.

Cuando ya han transcurrido 7 de los 10 años previstos para la reconversión de la CMR, la más contaminada del país, pareciera que lo que se busca por el contrario es aminorar la presencia en los medios y evitar cualquier conflicto. Esta circunstancia incrementa las dificultades que el próximo gobierno deberá enfrentar si intenta retomar la otrora política pública ambiental más importante encarada en el país a instancias del clarividente fallo de la CSJN (Quiroga, P. J., 29/08/14).

Como balance cabe afirmar que se está muy lejos de cumplir con las metas definidas por la CSJN para la remediación de la CMR y la situación actual de la ACUMAR, de estancamiento en los últimos 2 años y medio, no garantizan la recuperación del ritmo de ejecución necesario. Es alarmante que esta cuestión prioritaria no forme parte del debate político en un año electoral, y que se desaprovechan los espacios de discusión para avanzar en la construcción de propuestas de mediano y largo plaza para la recuperación de un sector olvidado que divide en dos a la Buenos Aires Metropolitana.

Un trimestre con malas “notas” metropolitanas

Una cuestión destacada es: por una parte la baja presencia de las novedades de la institucionalidad metropolitana de la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR) en los últimos 2 años, sumándose a esto un informe lapidario de las ONG que forman parte del Cuerpo Colegiado designado por la CSJN para el control técnico de la ejecución de la sentencia. Por ese motivo el tema de la ACUMAR ocupa como tema central del trimestre el Informe Abril-Junio del OUL-BAM, Cuadro 1.

INSTITUCIONALIDAD METROPOLITANA / ANALISIS DE COYUNTURA / Período 1/04/15 al 30/06/15

Otra de las cuestiones metropolitanas destacadas del trimestre es la situación habitacional metropolitana que sigue manejándose como si se tratara de un  déficit de viviendas a nivel de cada jurisdicción y no como una problemática que afecta al conjunto. Un fenómenos de tipo económico y migratorio ha asociado la reactivación de la actividad industrial sustitutiva y el crecimiento de la oferta de empleo incrementando la inmigración desbordando la capacidad de la Buenos Aires Metropolitana (BAM) para la recepción de migrantes como fue considerado en la UGYCAMBA de la FADU/UBA (Clarín, 11/05/15).

Los datos de nuevas de tomas de tierras, crecimiento y densificación de asentamientos irregulares existentes, aumentos desproporcionados  de los alquileres, están presentes en los registros periodísticos. Esto contrasta con los esfuerzos gubernamentales genuinos que a través del Plan Federal de Vivienda, programas como el PROMEBA y el más reciente PROCREAR que han incrementado significativamente la oferta de viviendas y soluciones habitacionales.

Es promisorio que organizaciones no gubernamentales trabajen en actualizar los datos de la situación habitacional del país y la BAM dado que la dinámica ha sido muy intensa en los últimos años, mezclando contradictoriamente signos de prosperidad y pobreza. Una unidad que funciona dentro de la ONG Techo, que tiene como objetivo generar información de libre acceso vinculada a la problemática habitacional, actualizará este año el relevamiento en asentamientos y villas del país (Clarín, 14/04/15).

En materia de urbanismo se continua con un modelo de crecimiento extensivo que aprovecha rentabilidades que surgen en el áreas de la región funcional metropolitana, en la que mejoras en la accesibilidad automotor potencian la ocupación de tierras no aptas, en este caso por parte de sectores de ingresos altos o medio altos. Este modo de crecimiento se apoya en cierta anomia en las zonas de la periferia urbana que también se apoya en mecanismos oscuros de rezonificaciones normativas que transgreden límites de tipo ecológico (El Diario, Luján, 8/04/15).

Finalmente reaparecieron los cortes de energía, circunstancia que no puede evitarse relacionarlos con los picos de consumo, en este caso vinculados a las bajas temperaturas del invierno (Tiempo Argentino, 25/06/15). Sigue la polémica sobre las nuevas tendencias de calefaccionar con artefactos eléctricos, y las consecuencias que esto tiene sobre la capacidad de generación y de distribución en la BAM, y la necesidad de considerar la reestructuración espacial de los consumos (Abba, A. P., 2014).

APA

Bibliografía

Abba, Artemio Pedro, (2009), “Periferias internas en el AMBA / Las cercanas ciudades ocultas intrametropolitanas”, Café de las Ciudades Nº 85, Año 8, noviembre 2009.

Abba y otros, (2011), “Horacio Torres y los Mapas Sociales / La construcción teórica del caso Buenos Aires”, Proyecto UBACYT  AO27, Centro de Investigación Hábitat y Municipio (CIHaM), FADU/UBA, ISBN 978-987-25737-6-8, Editorial cuentahílos, Buenos Aires.

Abba, Artemio Pedro, (2014), “Nueva estructura territorial del consumo energético metropolitano /Colapsa una vetusta red de distribución que creció sobre la antigua trama barrial”, Revista Café de las Ciudades, Año 13 / Número 135-136 / Enero-Febrero 2014.

Barberis, Walter, (Febrero, 2008), “Oltre la frammentazione urbana”, Tesis doctoral, Scuola Dottorale, Cultura e trasformazioni della città, Sezione Politiche territoriali e progetto locale, XX Ciclo Dipartimento Studi Urbani, Universitá Roma Tre, Roma, 2008.

Hardoy, Jorge E.; Satterthwaite, David (1987) La ciudad legal y la ciudad ilegal. (Grupo Editor Latinoamericano, Colección Estudios Políticos y Sociales, 1987).

Nápoli, Andrés, (2013), “El Riachuelo en su hora más crítica”, Director del Área Riachuelo de FARN, marzo de 2013.


Notas diarios

Ámbito.com, “Riachuelo: la Corte separó al juez Armella y lo denunció ante la Magistratura”, 6-11-12, http://www.ambito.com/noticia.asp?id=661917.

BAE, “El futuro de la causa“Riachuelo”,05/02/2013,
http://www.uba.ar/comunicacion/detalle_nota.php?id=10539

Clarín, ”El agua del Riachuelo, tan contaminada como en 2008”, 8-07-15, http://www.clarin.com/ciudades/contaminacion-Riachuelo-agua-saneamiento-limpieza_0_1390060992.html.

Diario Hoy, La Plata, “De los mil días de María Julia a la desconfianza actual”, 16-11-12, http://elauditor.info/articulo/2208.

La Nación, “Piden a la Corte que reactive el plan de saneamiento del Riachuelo”, 13-07-15, http://www.lanacion.com.ar/1809870-piden-a-la-corte-que-reactive-el-plan-de-saneamiento-del-riachuelo.

La Verdadonline.com, “Piden que la Corte Suprema vuelva a intervenir por la limpieza del Riachuelo”, La Verdadonline.com, 10-07-15, http://www.laverdadonline.com/noticia-64789.html

Página 12, “Nieblas del Riachuelo”, 26-08-12, http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-201868-2012-08-26.html.

Página 12, “Las pruebas”, 2-09-12, http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-202414-2012-09-02.html.

Quiroga, Pablo José, “Hablando de década, ¿qué pasó con ACUMAR?”, DiarioInédito.com, 29/08/14, http://www.diarioinedito.com/Nota/20116.

Por Telam, “Riachuelo, el largo camino de la limpieza”, Telam, junio,2015,  Informes Especiales http://www.telam.com.ar/informes-especiales/9-riachuelo-el-largo-camino-de-la-limpieza/37-historia-de-la-contaminacion.

 

Anexo

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